Frente a ésto, desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ-PBA) expresamos nuestra profunda preocupación ante la reiteración de estos episodios, que ponen en riesgo la integridad física de alumnos, docentes y trabajadores de las instituciones educativas. No se trata de hechos aislados ni de situaciones imprevisibles: son accidentes recurrentes, que evidencian falencias en la prevención, la supervisión y el manejo responsable de productos químicos.

El caso de Pinamar se suma a otros episodios recientes que ya motivaron pronunciamientos oportunos por parte de nuestra institución. Durante octubre de 2025, una explosión en una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino dejó 17 personas heridas, entre ellas una niña de 10 años que debió ser trasladada al Hospital Garrahan. Días después, otro accidente durante una experiencia de química en el Colegio Guadalupe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires provocó quemaduras a cinco personas, cuatro de ellas menores de edad.

A estos antecedentes se suma el grave accidente ocurrido en una escuela de San Juan en noviembre de 2025, en el que una niña sufrió quemaduras durante un experimento escolar. En aquella oportunidad, el Consejo volvió a advertir sobre la naturalización de prácticas químicas realizadas sin la suficiente idoneidad ni la matriculación profesional correspondiente.

Asimismo, un caso recientemente difundido por medios nacionales volvió a poner de manifiesto las consecuencias que puede tener la falta de medidas de seguridad en las prácticas escolares. Se trata del accidente ocurrido en 2017 en la Escuela Secundaria N.º 2 «Congreso de Tucumán», de Morón, donde una estudiante de 17 años sufrió quemaduras en el rostro y la cabeza durante un experimento con alcohol. En septiembre de 2026, la Justicia responsabilizó a la docente, al Estado bonaerense y a la aseguradora, y ordenó una indemnización superior a los siete millones de pesos. Entre los elementos señalados en el expediente figuró la ausencia de equipamiento básico de seguridad en el laboratorio.

Sin controles ni personal matriculado, la prevención queda librada al azar

Estos acontecimientos tienen un denominador común: la manipulación de sustancias químicas sin que estén garantizadas las condiciones de seguridad, la capacitación específica y la supervisión profesional que este tipo de actividades requiere.

La utilización de productos químicos no se limita a los experimentos de laboratorio. También comprende tareas de limpieza, almacenamiento, preparación de reactivos y mantenimiento de instalaciones. Todas estas actividades requieren conocer las características de las sustancias, sus incompatibilidades, los riesgos de exposición y los procedimientos adecuados para su manipulación y respuesta ante emergencias.

Resulta inadmisible que establecimientos educativos donde se utilizan y almacenan productos químicos no cuenten con protocolos específicos, identificación adecuada de las sustancias, condiciones seguras de almacenamiento ni personal debidamente capacitado y matriculado para intervenir en los procesos que corresponden al ejercicio profesional de la química.

Desde el CPQ-PBA insistimos en la plena vigencia de la Ley Provincial 7020, que regula el ejercicio profesional de la química y establece la obligatoriedad de la matriculación para quienes desarrollan actividades comprendidas en sus incumbencias. La idoneidad no puede presumirse ni reemplazarse por la experiencia informal: debe acreditarse mediante la formación, la capacitación y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Las advertencias del Consejo siguen sin respuesta

Esta preocupación no es nueva. Durante 2025, nuestra institución mantuvo gestiones ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires con el propósito de establecer una agenda de trabajo conjunta para fortalecer la seguridad química en las escuelas. Entre las propuestas planteadas se incluyeron instancias de capacitación específica para docentes y trabajadores, la intervención de profesionales químicos matriculados y la revisión de los protocolos aplicables a las actividades que involucran sustancias potencialmente peligrosas.

Sin embargo, pese a la gravedad de los antecedentes y a la reiteración de nuestros planteos, no hemos obtenido respuestas concretas que permitan avanzar en una política preventiva. Esta falta de interlocución resulta especialmente preocupante cuando están en juego la salud y la seguridad de niños, adolescentes y trabajadores del sistema educativo.

No alcanza con intervenir después de una explosión, una intoxicación o una quemadura. La responsabilidad de las autoridades educativas es garantizar las condiciones necesarias para que estos hechos no ocurran. La ausencia de controles y de respuestas institucionales no puede seguir convirtiéndose en una condición habitual de funcionamiento.

Por eso, desde el Consejo Profesional de Química reclamamos al Ministerio de Educación bonaerense y a los organismos competentes que adopten medidas urgentes y verificables: controles sobre el almacenamiento y la utilización de productos químicos, protocolos de prevención y emergencia, capacitación obligatoria del personal y participación de profesionales debidamente matriculados en las actividades que así lo requieran.

Por estos motivos, una vez más , solicitamos que se arbitren los medios para realizar reuniones de trabajo con la cartera de Educación de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de lograr desarrollar planes de prevención y no esperar una simple respuesta reactiva a los diferentes accidentes..

La seguridad química en las escuelas requiere prevención, controles y profesionales matriculados. No podemos esperar a que ocurra otro accidente.