El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifiesta su preocupación ante el hallazgo de un bloque de uranio empobrecido en una planta de reciclaje de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, hecho que vuelve a poner de manifiesto una problemática que la institución viene advirtiendo desde hace tiempo: la creciente falta de controles efectivos sobre el manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos en nuestro país.

El hecho ocurrió cuando trabajadores de una planta dedicada al reciclado detectaron, entre los materiales ingresados para su procesamiento, un bloque identificado con la inscripción “uranio empobrecido”. El hallazgo motivó la inmediata activación de los protocolos de emergencia, el aislamiento preventivo del predio, la evacuación de personas y la intervención de especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear y fuerzas de seguridad.

Si bien se habría determinado que el material permanecía encapsulado y que los niveles de radiación registrados no representan un riesgo inmediato para la población ni para los trabajadores, el episodio evidencia una grave falla en la trazabilidad y el control de materiales potencialmente peligrosos.

El uranio empobrecido es un subproducto del proceso de enriquecimiento del uranio natural. Si bien presenta una radiactividad inferior a la del uranio natural, continúa siendo un material radiactivo y un metal pesado químicamente tóxico.

Su manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final deben realizarse bajo estrictas condiciones de seguridad y conforme a protocolos específicos establecidos por la normativa nacional e internacional. La eventual dispersión de partículas por corte, desgaste o incendio puede generar riesgos para la salud de las personas y para el ambiente, razón por la cual se encuentra sujeto a rigurosos sistemas de control.

Desde el Consejo Profesional de Química consideramos que este episodio trasciende el hecho puntual ocurrido en Río Cuarto. Lo verdaderamente preocupante es que un material de estas características haya llegado a una planta de reciclaje como si se tratara de un residuo común, exponiendo innecesariamente a trabajadores que desconocían la naturaleza del elemento y obligando al despliegue de un importante operativo de emergencia.

Este caso se suma a otros episodios recientes que han encendido las alarmas sobre la seguridad en el manejo de materiales peligrosos, entre ellos el robo de una fuente radiactiva de Cesio-137 ocurrido días atrás en un centro médico de Rosario, situación sobre la cual esta institución ya expresó públicamente su profunda preocupación.

Ambos hechos, aunque de naturaleza diferente, revelan falencias que no pueden ser ignoradas en los sistemas de control y fiscalización.

“Cuando materiales radiactivos o residuos peligrosos terminan fuera de los circuitos de control establecidos, deja de tratarse de un hecho aislado para convertirse en una señal de alarma institucional. No podemos naturalizar que elementos que requieren trazabilidad absoluta aparezcan en una planta de reciclaje o desaparezcan de un establecimiento habilitado”.

Dr. Carlos Colángelo

Presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires.

“Desde el Consejo Profesional de Química venimos advirtiendo que la protección de la salud pública y del ambiente no admite descuidos ni improvisaciones. Los residuos peligrosos deben ser gestionados exclusivamente por operadores debidamente capacitados y matriculados, con procedimientos técnicamente validados y bajo una fiscalización efectiva. Relajar esos controles implica incrementar innecesariamente los riesgos para los trabajadores, la comunidad y los ecosistemas.”

El Consejo Profesional de Química recuerda que la legislación argentina establece obligaciones precisas para la gestión integral de residuos peligrosos, incluyendo su identificación, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento y disposición final.

Estas normas no constituyen meros requisitos administrativos, sino herramientas fundamentales para prevenir accidentes, proteger la salud de la población y preservar el ambiente.

En este contexto, la institución exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y municipales con competencia en la materia a reforzar los mecanismos de fiscalización y control, garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos vigentes y fortalecer los sistemas de trazabilidad de residuos peligrosos y materiales radiactivos, evitando que situaciones como las registradas recientemente vuelvan a repetirse.

La seguridad química y ambiental constituye una responsabilidad indelegable del Estado y un compromiso permanente de todos los actores involucrados. La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar incidentes que podrían tener consecuencias mucho más graves.