▪ En ese sentido, destacó que los colegios y cajas profesionales no generan gastos para el Estado, ya que “son sostenidos por los mismos matriculados”. Lejos de representar una barrera de acceso, agregó, “garantizan que quien presta un servicio profesional esté debidamente habilitado, ejerciendo correctamente y capacitándose de forma continua”.

▪ Delpino contextualizó el avance desregulatorio como un ataque a un sistema integral y articulado que incluye a las universidades públicas, el ejercicio profesional y las cajas jubilatorias. “Este sistema ha sido una de las claves de la movilidad social ascendente en nuestro país, y hoy está bajo amenaza”, explicó.

▪ Además, subrayó que los colegios y consejos “no son entidades aisladas: nucleamos a todos los profesionales formados en universidades, incluso a quienes hoy ejercen la docencia. Somos parte de un mismo camino, aunque en distintas etapas”.

“No podemos pensar lo que vendrá sin entender lo que se construyó antes. Se están atacando instituciones que son parte del entramado social y que, además, funcionan bien. Por eso hay que defenderlas colectivamente”, sostuvo.

Control ético y garantía para la sociedad
▪ Uno de los puntos más críticos del proyecto oficial, según FEPUBA, es la eliminación del control técnico y ético sobre el ejercicio profesional. Delpino se preguntó: “¿Quién más interesado que nosotros en que los colegas hagan bien su trabajo? Si una casa se cae cuatro veces, el cliente deja de confiar en los arquitectos. Ahí se rompe el vínculo entre sociedad y profesión”.

▪ El presidente de FEPUBA también advirtió que la colegiación es clave para prevenir la competencia desleal, el solapamiento de incumbencias, la publicidad engañosa y garantizar la capacitación permanente. Y remarcó: “Eso solo puede garantizarlo una institución con presencia territorial y conocimiento específico de cada profesión. El Estado nacional no tiene la estructura ni la capacidad para reemplazarnos”.

Recordando que los colegios fueron creados por leyes provinciales y tienen funciones públicas delegadas, Delpino destacó: “No solo controlamos la matrícula, la ética y el ejercicio profesional. También participamos de debates estratégicos del Estado. Ayer mismo estuve en el Ministerio de Infraestructura para trabajar en la actualización de la ley de obra pública. Aportamos todos los días, sin generar costo alguno para el Estado”.

▪ Finalmente, remarcó que las entidades colegiadas tienen elecciones periódicas, representación de mayorías y minorías, asambleas obligatorias y tribunales de disciplina independientes. “No somos un club de amigos. Somos instituciones creadas por ley y reconocidas constitucionalmente. Si el Estado considera que no estamos cumpliendo, puede intervenir. Pero no se puede borrar con el codo todo lo que se construyó con la mano”, concluyó.

Fuente: Mundo Profesional