El documento expone la creciente centralidad de la cuestión ambiental en la agenda global, señalando que los impactos derivados de la actividad humana han dejado de ser un problema exclusivamente ecológicos para convertirse en un desafío multidimensional que involucra aspectos sociales, económicos, sanitarios y jurídicos. En este contexto, se plantea la necesidad de un cambio de paradigma en la justicia ambiental, pasando de un enfoque predominantemente administrativo a uno de carácter penal y forense, en el que el daño ambiental sea considerado un delito de gravedad.

El informe destaca que la crisis ambiental actual se encuentra estrechamente vinculada a la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, con consecuencias directas sobre la salud pública. En este sentido, se advierte que millones de muertes anuales están asociadas a la contaminación, superando incluso a enfermedades de alto impacto global. Asimismo, se mencionan problemáticas regionales como la contaminación industrial, los derrames mineros y la degradación de ecosistemas, que evidencian la complejidad del escenario en América Latina.

El daño ambiental debe ser abordado como un delito de gravedad, con herramientas penales y científicas adecuadas.

En relación al marco normativo, el trabajo señala que, si bien existen avances legislativos, persisten limitaciones en su aplicación efectiva. En esta línea, se subraya que las sanciones administrativas, en muchos casos, resultan insuficientes frente a los beneficios económicos obtenidos por actividades contaminantes, lo que genera incentivos para la reincidencia. En este sentido, se enfatiza la necesidad de fortalecer la tipificación penal de los delitos ambientales y de mejorar las capacidades técnicas para su investigación.

El informe también aborda el crecimiento del crimen ambiental a nivel global, identificándolo como una de las actividades ilícitas más relevantes, con fuertes vínculos con el crimen organizado.

La importancia de la pericia ambiental

Frente a este escenario, se resalta la importancia de contar con pericias ambientales rigurosas que permitan reconstruir los hechos con base científica, identificar responsabilidades y sustentar procesos judiciales sólidos.

En este marco, se pone en valor el rol del perito ambiental como un actor clave que articula el conocimiento científico con las necesidades del sistema judicial. El documento detalla que este perfil profesional requiere una formación multidisciplinaria que integre saberes de las ciencias naturales, el derecho y la comunicación técnica, con capacidad para elaborar dictámenes fundados y defenderlos en instancias judiciales.

Asimismo, se destaca la relevancia de la rigurosidad metodológica, en particular en lo referido a la cadena de custodia de las muestras, como condición indispensable para garantizar la validez de la prueba. También, se advierte que fallas en este proceso pueden derivar en la nulidad de investigaciones, incluso en casos de alta relevancia ambiental.

Como respuesta a estos desafíos, el informe del Dr. Colángelo presenta una propuesta de formación integral orientada a la capacitación de peritos ambientales, estructurada en módulos que abordan desde la evaluación de impacto y la toxicología hasta el uso de tecnologías de teledetección y la elaboración de dictámenes. Este enfoque se complementa con instancias prácticas de trabajo de campo y simulaciones judiciales, orientadas a fortalecer la capacidad operativa de los profesionales en contextos reales.

La consolidación de la pericia ambiental es clave para fortalecer la justicia ambiental y garantizar la protección efectiva de los bienes comunes

Finalmente, se concluye que la consolidación de la pericia ambiental resulta fundamental para el fortalecimiento de la justicia ambiental y la protección efectiva de los bienes comunes. En este sentido, se remarca que la formación de recursos humanos especializados constituye un paso indispensable para garantizar la aplicación efectiva de la normativa vigente y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, basado en evidencia científica y responsabilidad institucional.