Desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires expresamos nuestro cuestionamiento al actual esquema de aplicación del impuesto al dióxido de carbono (CO₂), incorporado al régimen de impuestos sobre los combustibles mediante la Ley N.º 23.966. Entendemos que su diseño carece de criterios técnicos que reflejen las diferencias reales en las emisiones de los distintos tipos de vehículos y que, en las condiciones actuales, termina evidenciando un marcado sesgo recaudatorio por sobre los objetivos ambientales que dice perseguir.
Impuesto al carbono: el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires sostiene que una política ambiental eficaz debe basarse en criterios científicos y controles efectivos
El impuesto al carbono constituye una herramienta utilizada en numerosos países para asignar un costo económico a las emisiones de gases de efecto invernadero y desalentar el consumo de combustibles fósiles. Su fundamento responde al principio de que “quien contamina paga”. Sin embargo, ese principio pierde legitimidad cuando no se aplica sobre bases técnicas objetivas y criterios ambientales verificables.
Actualmente, el gravamen alcanza por igual a un automóvil moderno equipado con convertidores catalíticos de última generación, a un vehículo híbrido de bajo consumo, a un utilitario liviano o a un camión de gran porte, pese a que sus emisiones de dióxido de carbono son claramente diferentes. El sistema vigente no premia la incorporación de tecnologías más limpias ni genera un incentivo real para reducir las emisiones.
Desde una perspectiva química, el dióxido de carbono (CO₂) es un gas incoloro e inodoro que se produce principalmente durante la combustión de combustibles fósiles como la nafta, el gasoil, el carbón y el gas natural. Si bien no resulta tóxico para las personas en las concentraciones habituales presentes en la atmósfera, constituye uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Por ello, toda política pública destinada a disminuir sus emisiones debe sustentarse en criterios científicos y perseguir resultados ambientales concretos.
Desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ-PBA) advertimos que el análisis no puede limitarse al diseño técnico del tributo. También resulta imprescindible contar con una política ambiental integral que garantice controles efectivos sobre las principales fuentes de contaminación.
En reiteradas oportunidades nuestra institución ha señalado las deficiencias en la fiscalización ambiental, las falencias en la gestión de residuos peligrosos y la reiteración de incidentes químicos que evidencian una preocupante falta de prevención. En ese contexto, resulta válido preguntarse si el impuesto al carbono cumple efectivamente una finalidad ambiental o si termina funcionando principalmente como un mecanismo adicional de recaudación.
Cuando el Estado grava por igual las emisiones de todos los ciudadanos, pero no fortalece los controles sobre las actividades industriales potencialmente contaminantes ni impulsa políticas activas de reconversión tecnológica, eficiencia energética y fiscalización ambiental, el objetivo ecológico del impuesto pierde credibilidad.
En este sentido, el presidente del CPQ-PBA, Dr. Carlos Colángelo, expresó: “No cuestionamos el principio de que quien contamina debe asumir los costos ambientales de su actividad. Lo que cuestionamos es un esquema que cobra prácticamente lo mismo sin distinguir quién emite más y quién emite menos. Un sistema técnicamente serio debe reconocer esas diferencias, incentivar la innovación y premiar las menores emisiones. De lo contrario, deja de ser un instrumento ambiental para convertirse simplemente en un impuesto sin razón”.
Asimismo, agregó: “También resulta difícil sostener el argumento ambiental cuando siguen existiendo importantes deficiencias en el control de la contaminación industrial, de los residuos peligrosos y de numerosas actividades que representan riesgos ambientales concretos. Si verdaderamente se pretende proteger el ambiente, el impuesto debe formar parte de una política pública integral basada en la prevención, la fiscalización, la evidencia científica y el fortalecimiento de los organismos de control. De otra manera, la sociedad termina percibiendo que el objetivo principal es recaudar y no mejorar efectivamente la calidad ambiental”.
Desde nuestra entidad colegiada consideramos que toda política tributaria con fundamento ambiental debe sustentarse en criterios científicos, transparencia y equidad. Un verdadero impuesto al carbono debe incentivar la reducción efectiva de emisiones, promover tecnologías más eficientes y complementarse con una estrategia integral de gestión ambiental que fortalezca los organismos de control, incorpore monitoreos permanentes y cuente con la participación de profesionales especializados en ciencias químicas y ambientales.
Finalmente, entendemos que solo mediante políticas públicas integrales, controles eficaces y decisiones basadas en evidencia científica será posible que este tipo de instrumentos económicos contribuya genuinamente a la protección del ambiente y no sea percibido únicamente como una nueva carga fiscal para la ciudadanía.
Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires
