La situación ambiental de Miramar vuelve a poner en evidencia la gravedad de los basurales a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires. Según se conoció tras una investigación del canal televisivo TN, el predio de disposición de residuos del partido de General Alvarado continúa funcionando en condiciones críticas, pese a que la Justicia ordenó su cierre definitivo. En las imágenes observadas, se denota un incumplimiento claro de la Resolución 1143/02 – normativa que determina las pautas que se sugieren para la Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en Rellenos Sanitarios. A este escenario se suma la denuncia sobre la existencia de un segundo vertedero clandestino en el barrio Las Flores, donde se habría registrado la descarga de residuos por parte de camiones municipales.

De acuerdo con la información publicada, el basural ubicado sobre la Ruta 77 recibe diariamente grandes cantidades de residuos sin separación ni tratamiento adecuado, con riesgos de contaminación de las napas subterráneas, afectación del suelo y exposición de los trabajadores que realizan tareas de recuperación sin las medidas de protección necesarias. La persistencia de esta situación, incluso frente a las disposiciones judiciales, expone las consecuencias de la falta de soluciones efectivas y controles sostenidos.

Desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ) advertimos que los basurales a cielo abierto constituyen focos de contaminación que pueden comprometer gravemente la salud pública y el equilibrio ambiental. La descomposición de los residuos genera lixiviados capaces de contaminar el suelo y las fuentes de agua subterráneas y superficiales, así como la emisión de gases que afectan la calidad del aire. A esto se suma la posible presencia de metales pesados, sustancias tóxicas y residuos peligrosos que requieren un tratamiento diferenciado y no pueden ser gestionados como basura común.

Esta problemática no es nueva. En un informe difundido anteriormente, nuestro Consejo alertó sobre los riesgos de estos vertederos a partir de las pericias que detectaron sustancias contaminantes en agua, suelo y aire en el basural conocido como “La Quema”, en Luján. Aquella advertencia puso de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles, garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y establecer políticas integrales para la gestión de los residuos en todo el territorio provincial.

El caso de Miramar refuerza esa preocupación y demuestra que la falta de infraestructura, planificación y fiscalización puede prolongar situaciones de riesgo durante años, con consecuencias potencialmente graves para las comunidades cercanas. La disposición inadecuada de residuos no constituye solamente un problema de limpieza urbana: es una cuestión ambiental, sanitaria y de responsabilidad pública.

Por ello, reclamamos a las autoridades competentes la adopción de medidas urgentes y efectivas para garantizar el saneamiento y el cierre ambientalmente seguro de los basurales que operan en condiciones inadecuadas, prevenir la aparición de nuevos vertederos clandestinos y asegurar el monitoreo ambiental de las zonas afectadas. También resulta indispensable implementar sistemas de separación, tratamiento y disposición final de residuos que contemplen controles permanentes y la protección de quienes trabajan en estos espacios.

Debe señalarse que, en numerosas ocasiones, el cierre de basurales se limitó a la colocación de un cartel con la leyenda “Basurero Cerrado”, como si esa simple declaración fuera suficiente para detener los procesos contaminantes y eliminar los riesgos ambientales existentes. Esta práctica evidencia una preocupante falta de criterio técnico y de comprensión de las consecuencias que persisten aun después de la clausura de estos predios. Asimismo, contradice lo establecido en la Resolución 1143/02 de la Provincia de Buenos Aires, que contempla responsabilidades de mantenimiento y control posteriores al cierre de los rellenos sanitarios durante un período de 30 años. La clausura, por lo tanto, no puede reducirse a una medida formal: debe incluir acciones concretas de saneamiento, monitoreo y control ambiental a largo plazo.

Desde el CPQ sostenemos que la prevención de la contaminación exige planificación, fiscalización y cumplimiento de la normativa vigente. La protección de la salud de la población y del ambiente no puede quedar postergada: requiere decisiones concretas y una gestión responsable de los residuos.

La protección de la salud y del ambiente exige controles efectivos y una gestión responsable de los residuos.