En un escenario tan insólito como naturalizado, establecimientos de la órbita productivo-industrial de la provincia de Buenos Aires se incendian a diario, exponiendo a serios riesgos a la población, a los trabajadores y al ambiente. Desde la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza de noviembre de 2025, hasta los 3 episodios registrados en la última semana (el incendio en una fábrica de pinturas en Moreno, la explosión e incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta y el reciente incendio en una refinería del Parque Industrial de Pilar) los ejemplos sobran para retratar una realidad que ya no admite interpretaciones aisladas ni respuestas parciales.

La recurrencia de estos siniestros ocurridos con escasas horas o días de diferencia, evidencia la consolidación de una problemática estructural caracterizada por el incumplimiento sistemático de las normativas vigentes, la ausencia de controles eficaces y sostenidos y la falta de intervención de profesionales y técnicos debidamente capacitados y matriculados.

Sin embargo, en este contexto, resulta imprescindible señalar un factor que agrava de manera sustancial los riesgos existentes: el crecimiento urbano y demográfico desordenado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que ha avanzado sostenidamente sobre zonas históricamente industriales sin la debida planificación territorial ni la implementación de políticas públicas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad industrial.

El cordón productivo-industrial del AMBA, concebido originalmente en áreas periféricas o de baja densidad poblacional, ha quedado progresivamente rodeado por desarrollos urbanos y asentamientos humanos, generando una convivencia crítica entre actividades de alto riesgo —que involucran sustancias inflamables, explosivas y tóxicas— y comunidades densamente pobladas. Esta transformación del territorio no ha sido acompañada por la actualización de los marcos regulatorios, ni por el fortalecimiento de los sistemas de control, ni por la adecuación de la infraestructura necesaria para prevenir siniestros y mitigar sus consecuencias.

La manipulación negligente o sin idoneidad de sustancias químicas peligrosas produce consecuencias devastadoras.

En particular, los recientes hechos ponen en evidencia los riesgos asociados a la manipulación, almacenamiento y distribución de sustancias químicas peligrosas, cuya manipulación negligente o a cargo de personal sin idoneidad, producen consecuencias devastadoras .

Frente a los incendios que se suceden cotidianamente en el territorio provincial, vale advertir, la combustión incompleta de los materiales puede derivar en la liberación de sustancias altamente tóxicas, como monóxido de carbono y otros compuestos peligrosos , como así también se deben tener en cuenta a los restos de los materiales que quedan a posteriori, los cuales pueden aparejar consecuencias fatídicas para la salud. En esta línea, desde nuestro Consejo Profesional, vemos con preocupación que funcionarios públicos, en diversas declaraciones en los medios de comunicación, suelen minimizar el riesgo sanitario y ambiental que estos sucesos representan para trabajadores, vecinos y equipos de emergencia.

La realidad descrita no sólo evidencia la fragilidad de los sistemas de control y fiscalización, sino también la existencia de establecimientos que operan sin habilitación adecuada, en condiciones precarias o sin garantizar la trazabilidad de las sustancias que manipulan. Este escenario de anarquía compromete directamente la seguridad pública y el normal desarrollo de la actividad productiva.

En este marco, corresponde recordar una vez más la plena vigencia de la Ley Provincial Nº 7020, que regula el ejercicio profesional de la química en la Provincia de Buenos Aires, y que establece la matriculación obligatoria de los profesionales y técnicos intervinientes en actividades vinculadas.

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires ha advertido en reiteradas oportunidades sobre esta problemática, promoviendo instancias de articulación con organismos provinciales y municipales, e impulsando propuestas concretas como la creación de un Registro Provincial de Establecimientos que Manipulan Sustancias Químicas (REMPQui). No obstante, hasta el momento, dichos planteos no han tenido una respuesta efectiva ni se han traducido en la implementación de políticas públicas integrales que aborden la cuestión en su real dimensión.

En este contexto crítico, resulta imperioso que las autoridades gubernamentales y los actores del sector productivo asuman la responsabilidad que les corresponde. La regularización de la matriculación profesional, la capacitación permanente del personal, el cumplimiento estricto de las normativas vigentes y el fortalecimiento de los mecanismos de control estatal constituyen condiciones indispensables e indiscutibles para revertir la situación actual.

La seguridad industrial no puede seguir siendo una variable subordinada al crecimiento urbano desordenado ni a la falta de planificación territorial

La normalización de estos siniestros resulta inadmisible. Cada incidente evitable que ocurre representa un riesgo concreto para la vida, la salud de la población ,la integridad del ambiente y de la pérdida de numerosos puestos de trabajo.

Es momento de adoptar decisiones estructurales que permitan reconstruir un sistema productivo seguro, ordenado y sostenible, en el cual el desarrollo urbano y la actividad industrial puedan coexistir bajo criterios de planificación, control y responsabilidad profesional. Debemos armonizar criterios y aunar esfuerzos para el manejo seguro de sustancias químicas en los procedimientos industriales.

Consejo Profesional de Química
Provincia de Buenos Aires