Ante el reciente incendio de gran magnitud ocurrido en una fábrica de pinturas en Moreno, y en directa vinculación con la explosión e incendio registrados el día anterior en un depósito de garrafas en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires reitera su profunda preocupación por la recurrencia de siniestros graves en el ámbito productivo-industrial provincial.

Ambos episodios, ocurridos con escasas horas de diferencia y en zonas densamente pobladas, no constituyen hechos aislados, sino manifestaciones de una problemática estructural: la fragilidad de los sistemas de control y fiscalización, el incumplimiento sistemático de las normas de seguridad y la creciente informalidad en el manejo de sustancias peligrosas.

El incendio en la fábrica de pinturas de Moreno pone nuevamente en evidencia los riesgos asociados a la manipulación y almacenamiento inadecuado de compuestos químicos inflamables. Muchos de estos pueden generar vapores tóxicos, reacciones peligrosas y una rápida propagación del fuego. Este tipo de industrias requiere condiciones estrictas de seguridad, ventilación, control de fuentes de ignición y personal técnico altamente capacitado.

Por su parte, el episodio ocurrido en Mariano Acosta, donde se registraron múltiples detonaciones y la proyección de garrafas a gran distancia, constituye un claro ejemplo del riesgo extremo vinculado al Gas Licuado de Petróleo (GLP), mezcla de hidrocarburos altamente inflamables que puede generar explosiones del tipo BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), con consecuencias devastadoras para las personas, las estructuras y el ambiente.

Eventos de esta naturaleza evidencian fallas críticas en la gestión de sustancias peligrosas y representan un riesgo directo para la vida, la infraestructura y el ambiente.

Asimismo, en ambos casos, la combustión incompleta de los materiales involucrados puede dar lugar a la liberación de sustancias altamente tóxicas, como monóxido de carbono y otros compuestos peligrosos, incrementando el riesgo sanitario para trabajadores, vecinos y equipos de emergencia.

La reiteración de estos eventos expone un escenario alarmante caracterizado por la ausencia de controles eficaces y sostenidos. La falta de inspecciones regulares, la existencia de establecimientos no habilitados y la ausencia de trazabilidad configuran un contexto de riesgo directo para la población y el entramado productivo de la provincia.

En este marco, corresponde recordar la plena vigencia de la Ley Provincial Nº 7020, que regula el ejercicio de la química en la Provincia de Buenos Aires y establece la matriculación obligatoria de los profesionales y técnicos intervinientes. Su cumplimiento no es una mera formalidad administrativa, sino una garantía esencial de idoneidad, responsabilidad profesional y resguardo de la seguridad pública.

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires ha advertido en numerosas oportunidades sobre esta problemática, promoviendo instancias de articulación con organismos provinciales y municipales, sin haber obtenido hasta el momento respuestas concretas ni políticas públicas integrales.

Entre las iniciativas propuestas, se destaca la creación de un Registro Provincial de Establecimientos que Manipulan Sustancias Químicas, herramienta fundamental para contar con información actualizada, garantizar la trazabilidad de los materiales utilizados y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

En este contexto crítico, el Consejo Profesional de Química realiza un pedido urgente y enfático a las autoridades gubernamentales y a los actores del sector productivo: resulta imprescindible avanzar en la regularización de la matriculación del personal técnico y profesional, promoviendo un trabajo conjunto que permita revertir la situación actual.

La seguridad industrial no puede quedar librada al azar ni a la improvisación.

La construcción de un sistema productivo seguro, ordenado y sostenible requiere del compromiso activo de todos los sectores, planificación, control permanente y la participación de profesionales debidamente calificados.

La normalización de estos episodios resulta inadmisible. Cada incidente evitable representa no solo pérdidas materiales, sino también un riesgo inaceptable para la vida y la salud de la población. Es momento de actuar con decisión para poner fin a esta cadena de siniestros y consolidar un sistema productivo basado en la seguridad, la legalidad y la responsabilidad profesional.